Los amotinamientos registrados en dos centros penitenciarios de Ecuador dejaron ocho personas privadas de libertad muertas y otras diez heridas el jueves 22 de octubre, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Los incidentes ocurrieron en la cárcel de Cotopaxi, ubicada en Latacunga, y en el centro penitenciario de El Inca, en el norte de Quito, mientras el Gobierno del presidente Daniel Noboa ejecuta un proceso de reorganización del sistema carcelario.
En Cotopaxi se registraron cuatro muertes violentas. Según un reporte operativo conocido tras los incidentes, tres internos fallecieron por heridas de arma de fuego calibre 9 milímetros en el pabellón A1A, correspondiente a la etapa de mínima seguridad. Dos cuerpos fueron encontrados dentro de la celda 41 y otro en el patio del pabellón. Una cuarta persona fue hallada sin vida, con señales de estrangulamiento, en la celda 40 de la etapa Libertadores.
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Durante los procedimientos posteriores, las fuerzas de seguridad encontraron dos pistolas, una Taurus y una Glock, además de municiones. Las Fuerzas Armadas también reportaron el decomiso de teléfonos celulares, tabaco y paquetes con una sustancia que sería marihuana. Hasta el momento, las autoridades no han determinado públicamente si las armas incautadas fueron utilizadas en los homicidios. Tampoco se ha informado cómo ingresaron al establecimiento ni quiénes las tenían bajo su control antes de los enfrentamientos.
El reporte operativo señala que agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) y personal de Criminalística realizaron el levantamiento de los cadáveres. La Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria mantenía el control del establecimiento penitenciario al momento de elaborarse el documento, cuya autenticidad no ha podido verificarse de manera independiente.
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En la cárcel de El Inca, otros cuatro reclusos murieron y diez resultaron heridos durante los enfrentamientos. El SNAI informó que los presuntos responsables de los hechos fueron identificados y anunció su traslado a la prisión de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia costera de Santa Elena. Sin embargo, no difundió sus identidades ni precisó las circunstancias que desencadenaron los ataques. Tampoco aclaró si existió coordinación entre los episodios registrados en ambas ciudades.
Los acontecimientos provocaron declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien relacionó temporalmente los amotinamientos con la detención de la excandidata presidencial Luisa González, ocurrida ese mismo jueves dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
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Durante una entrevista concedida a Radio Centro la mañana del viernes 23 de octubre, Reimberg afirmó: “Siempre pasa algo y quieren alborotar las prisiones; eso trataron de hacer ayer”. El funcionario defendió la investigación desarrollada por la Fiscalía y cuestionó al expresidente sentenciado por corrupción, Rafael Correa, aunque no presentó evidencias públicas que vincularan la detención de González con los episodios penitenciarios. La coincidencia de fechas, por sí sola, no permite establecer una relación causal.
Los incidentes se produjeron seis días después de que el Gobierno iniciara la primera fase del Plan Nacional de Clasificación Penitenciaria, que contempla la reorganización de 9.214 reclusos en seis establecimientos de cuatro provincias. La iniciativa busca separar a los internos según sus niveles de riesgo y reducir la influencia de organizaciones criminales dentro de las prisiones. Las autoridades no han confirmado que la implementación del plan haya provocado los amotinamientos.
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La violencia penitenciaria constituye uno de los principales desafíos de seguridad de Ecuador. Según cifras oficiales recopiladas por Primicias, el sistema registraba aproximadamente 39.300 personas privadas de libertad hasta agosto de 2026, con un hacinamiento del 42,23 %. Durante los primeros ocho meses del año se contabilizaron 73 muertes violentas en las cárceles, mientras que en todo 2025 se registraron 206.