El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, calificó como un “punto de inflexión” en la lucha contra el crimen organizado el plan que se investiga para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y llamó al gobierno del Presidente José Antonio Kast a convocar una cumbre en La Moneda para alcanzar un acuerdo nacional en materia de seguridad.
Las declaraciones se producen luego de que la Fiscalía Occidente informara al alcalde White sobre una investigación reservada por amenazas en su contra y un posible riesgo para su seguridad. Los antecedentes surgieron en el marco de las indagatorias vinculadas a Juan Flores Valenzuela, alias el “Indio Juan”, detenido este lunes tras permanecer prófugo desde febrero.
“Lo que hemos descubierto hoy día (...) es un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Chile. Nunca antes en nuestra historia republicana se había descubierto un plan criminal para asesinar a una autoridad. Habían habido amenazas, sí”, sostuvo Orrego.
El gobernador recordó que alcaldes como Javiera Reyes, Claudia Pizarro, Gustavo Toro y Mario Desbordes han enfrentado amenazas, al igual que él cuando encabezaba la Municipalidad de Peñalolén. Sin embargo, sostuvo que el caso de White supone un escenario diferente.
“Muy distinto es una amenaza con un plan concreto, con personas con nombre y apellido, que en este caso además, y eso quizás es lo más grave, no solamente se fuga de la cárcel, probablemente con complicidad de algún funcionario de adentro, sino que además planifica un asesinato subcontratando a una banda de la zona sur de Santiago”, afirmó.
En esa línea, advirtió que “si no nos tomamos esto en serio (...) Chile puede seguir el mismo derrotero de otros países de América Latina como Colombia, México o Ecuador, donde se ha normalizado el atentado contra la institución democrática por parte del crimen organizado”.
“Se cruzó una línea roja”
Orrego sostuvo que con este caso “se cruzó una línea roja que no se había cruzado nunca en la historia de Chile” y agregó que “el mundo criminal no había llegado a querer eliminar a autoridades elegidas democráticamente”.
El gobernador, quien visitó a White en el centro asistencial donde fue internado tras sufrir una descompensación, sostuvo que reforzar su protección policial no es suficiente.
“Está bien que el gobierno refuerce la protección policial al alcalde, pero la única protección aquí suficiente es la detención y la condena de todas las personas involucradas”, afirmó.
Frente a este escenario, pidió al Ejecutivo “convocar una cumbre en La Moneda, no solamente para hacernos cargo del caso particular del alcalde Christopher White, sino que también creo yo para generar un acuerdo nacional en esta materia”, para lo cual llamó al gobierno a conversar tanto con sus partidarios como con la oposición.
Entre las materias que, a su juicio, deberían formar parte de ese acuerdo, mencionó un régimen penitenciario diferenciado para los líderes de organizaciones criminales y mecanismos más ágiles para acceder a información bancaria en investigaciones contra el crimen organizado.
“Aquí tiene que haber un régimen carcelario completamente distinto para los jefes de los grupos criminales (...). El que controla la cárcel, controla la calle. Y aquí, lamentablemente, no estamos controlando la cárcel”, sostuvo.
Respecto del secreto bancario, planteó que su levantamiento debe estar debidamente regulado, pero cuestionó que se propongan mayores restricciones a la población mientras no se avance en herramientas para seguir los recursos de las organizaciones criminales.
Priorizar los puntos en consenso
Consultado sobre qué aportaría una cumbre en La Moneda considerando que el gobierno ya impulsa una agenda de seguridad, Orrego sostuvo que el Ejecutivo debería priorizar las materias que generan mayor consenso político.
“Yo partiría por aquellas cosas que estamos todos de acuerdo, no por las cosas que nos dividen”, señaló.
Como contrapunto, mencionó el proyecto que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública y los reparos que ha generado, incluso en el oficialismo, la posibilidad de mantenerlo hasta por 240 días sin requerir la aprobación del Congreso.
En cambio, llamó a concentrarse en materias donde ve mayores posibilidades de acuerdo, como el régimen penitenciario, la persecución de los recursos del crimen organizado y el fortalecimiento de las policías.
Finalmente, pidió incorporar a los gobiernos regionales a la estrategia de seguridad. “Aquí habemos 16 gobernadores de todos los colores políticos que queremos colaborar en la prevención del delito. No le sobran manos al gobierno. Le faltan manos”, sostuvo.