El expediente por presuntas torturas y abusos sexuales denunciados en la Unidad 51 de Magdalena sumó un nuevo capítulo procesal. El abogado defensor Gastón Leandro Jesser hizo un planteo de nulidad absoluta ante el Juzgado de Garantías 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi, sobre las declaraciones de cuatro agentes detenidos: Agustina Ailén Oroná, Gisela Mailín Iguaran, Juan Antonio Juanena y Florencia Anahí Ortiz.

El escrito cuestiona la actuación de la fiscalía de instrucción, al señalar que se tomó declaración a los imputados sin comunicarles de manera individual, clara y precisa la conducta concreta que se les atribuye.

La defensa sostiene que el Ministerio Público se limitó a informar calificaciones legales y grados de participación, sin describir los hechos imputados.

La causa investiga los graves episodios ocurridos entre el 3 y el 4 de junio de 2026 en el penal de Magdalena tras una contienda entre internas. Según las denuncias impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria, el operativo de represión derivó en golpes, uso de gas pimienta, vejaciones y abusos sexuales contra al menos dos mujeres. En agosto, la Justicia ordenó la detención de 15 funcionarios del SPB, entre ellos jefes de área y personal de guardia.

En la causa, caratulada con delitos de tortura, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, los cuatro defendidos figuran intimados por presuntas coautorías y participaciones necesarias respecto a las víctimas.

La defensa técnica sostiene que el procedimiento vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso garantizados por el Código Procesal Penal bonaerense, la Constitución Nacional y tratados internacionales de Derechos Humanos.

También que ninguna de las actas de las audiencias concretadas a mediados de septiembre especifica qué acción u omisión realizó cada agente, en qué momento ni de qué forma.

La defensa remarcó que el 11 de septiembre ya había solicitado formalmente que se precisara la plataforma fáctica individual antes de las indagatorias, pedido que fue desestimado por la fiscalía al reiterar los textos genéricos de la detención.

Jesser argumentó que las audiencias se utilizaron para interrogar a los agentes sobre el accionar de otros imputados y buscar elementos que completen la acusación, en lugar de constituir un acto de defensa.

Con esta presentación, la defensa se adhirió además al planteo de nulidad promovido previamente por la enfermera Raquel Noemí Boccardo, imputada en la misma causa.

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