En las últimas semanas, el referente del GEN en Guaminí, Ignacio Zavaleta, presentó un proyecto que retoma una vieja demanda de la oposición hacia el Ejecutivo de Axel Kicillof respecto de la municipalización y descentralización del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense.
De acuerdo con lo planteado por el representante del GEN, el proyecto apunta a desmantelar un "esquema de concesiones monopólicas privadas" y devolver a los municipios la facultad de prestar el servicio público de control vehicular. Según su estimación, el sistema actual de VTV representa una caja de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos que, según denunció, queda en manos de "corporaciones concentradas o multinacionales", entre ellas capitales de origen sueco que adquirieron empresas locales del rubro.
"Esta concentración lesiona gravemente al interior bonaerense. Mientras las empresas maximizan ganancias, los ciudadanos sufren la escasez de plantas móviles, turnos colapsados y la obligación de recorrer cientos de kilómetros para cumplimentar un trámite", fustigó.
La presentación del proyecto se realizó a fines del mes pasado en Laguna Alsina, distrito de Guaminí, dirigida a la Cámara de Diputados y girada a las comisiones de Asuntos Municipales, Presupuesto e Impuestos, y Transporte.
"El actual sistema centralizado lesiona severamente al interior provincial, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias ante la escasez de plantas móviles y los turnos colapsados", fustigó el exprecandidato a intendente, en línea con el reclamo que expresó también en la nota de elevación del proyecto.
A través de la Ley 10.589, que permite que un ciudadano pueda presentar proyectos, el exconcejal guaminense propuso modificar el artículo 16 de la Ley N° 13.927, Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires —que actualmente rige junto al Decreto 4103/95—, para adecuarlo a las exigencias establecidas en el artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que promueve las revisiones técnicas en el ámbito municipal.
Según el texto presentado, el actual esquema de concesiones monopólicas privadas data de 1996, cuando el Poder Ejecutivo provincial parceló el territorio bonaerense en zonas exclusivas por un plazo de 20 años, a través de una serie de decretos. Esos contratos comerciales expiraron en 2016 y, desde entonces, el sistema continúa operando bajo prórrogas "opacas", según remarca la iniciativa.
"Ninguna reglamentación o prórroga contractual de carácter provincial puede subvertir la pirámide jurídica ni cercenar las facultades de los municipios para ejecutar una norma nacional de seguridad de la cual son los garantes primarios en el territorio", puntualizó Zavaleta en los fundamentos de la iniciativa.
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