El Gobierno nacional nombró al abogado y político antioqueño Juan Carlos Vélez Uribe como embajador de Colombia ante Ecuador, una de las primeras designaciones internacionales del presidente Abelardo de la Espriella tras asumir la Presidencia.
Su hoja de vida ya fue publicada en la página de Presidencia, por lo que, a falta del decreto oficial, el nuevo diplomático debería encabezar la misión en Quito y trabajar en la relación bilateral con el Gobierno ecuatoriano.
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La representación colombiana tendrá entre sus tareas impulsar la cooperación entre ambos países, fortalecer los vínculos políticos, comerciales y culturales, y atender asuntos de integración fronteriza y protección de ciudadanos colombianos residentes en Ecuador. La extensa frontera compartida, la seguridad, el intercambio comercial y los proyectos de desarrollo regional forman parte de esa agenda bilateral.
Nacido en Medellín el 6 de febrero de 1965, Vélez Uribe desarrolló buena parte de su trayectoria pública en Antioquia. Durante varios años fue una figura política cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El nuevo diplomático fue concejal de Medellín y edil antes de llegar al Congreso de la República. Entre 2007 y 2014 ejerció como senador y participó en debates sobre seguridad, ordenamiento territorial y distintos proyectos legislativos.
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Luego dirigió la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, encargada de regular y supervisar la aviación civil colombiana. También presidió la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) y Fendipetróleo, desde donde intervino en asuntos vinculados con el desarrollo económico y empresarial.
En 2015 fue candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Centro Democrático y obtuvo el segundo lugar en la elección. Su carrera combinó cargos de elección popular, responsabilidades administrativas y participación en organizaciones gremiales.
El designado embajador se graduó como abogado en la Universidad de Medellín y cursó una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario. Además, realizó un diplomado en Finanzas en la Universidad EAFIT y estudios en Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Militar Nueva Granada.
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Uno de los episodios de mayor exposición nacional e internacional de su trayectoria ocurrió durante el plebiscito de 2016 sobre los acuerdos de paz. Vélez Uribe fue gerente de la campaña por el “No”, opción que obtuvo la mayoría de los votos.
Después concedió una entrevista en la que explicó aspectos de la estrategia de comunicación de la campaña. Sus declaraciones generaron una amplia controversia en Colombia.
Tras la difusión de esas afirmaciones, presentó una retractación pública y anunció su renuncia irrevocable al Centro Democrático. Desde entonces, continuó vinculado con actividades profesionales y públicas, con presencia en escenarios políticos y gremiales.
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La Cancillería de Colombia adelantaría los trámites para designar a Juan Carlos Gossaín Rognini como embajador en Francia, un proceso que requiere el beneplácito de las autoridades francesas antes de formalizar su eventual llegada a París. La representación diplomática permanece sin titular desde la salida de Alfonso Prada, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Gustavo Petro.
El exgobernador de Bolívar ejerció ese puesto entre 2012 y 2015 y mantiene una cercanía política con el presidente Abelardo de la Espriella. De concretarse el nombramiento, asumiría la representación ante uno de los principales socios políticos y comerciales de Colombia en Europa.
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Las gestiones previas no tienen todavía una fecha informada para la designación ni para la llegada del exmandatario departamental a París. La información fue divulgada por Caracol Radio el miércoles 8 de octubre de 2026.
Gossaín figura como socio de Dominio de la Espriella S.A.S. y como cofundador de la Fundación Becas Educativas Abelardo de la Espriella. El propio exgobernador confirmó esos vínculos al responder por el proceso disciplinario que enfrentó ante la Procuraduría General de la Nación.
En 2022, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador con una inhabilidad de 10 años por presuntos pagos superiores a $16.000.000.000 a dos instituciones prestadoras de salud que atendieron a pacientes con hemofilia, pese a que no existía relación contractual con esas entidades. El expediente fue conocido como el “Cartel de la Hemofilia”.
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El eventual diplomático sostuvo que la decisión inicial fue revocada en segunda instancia el 2 de abril de 2024 y que, por lo tanto, está habilitado para ejercer cargos públicos. En una publicación en redes sociales, rechazó las menciones a una supuesta inhabilidad y destitución vinculadas con su cercanía empresarial y social al presidente.