Sin esperar ni un minuto, y sin el resultado de la contramuestra, solo con el primer test de droga que resultó positivo, el gobierno despidió a Juan Pablo Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda.
Y esta semana se anunció que pronto se sabría quién lo sucedería de modo permanente. Caso cerrado para La Moneda.
Esto, pese a que el exsubsecretario ha insistido en que no es consumidor de drogas, y ya ha hecho públicos varios tests que lo prueban, de distintos laboratorios, incluido el laboratorio Christus UC, que además fue analizado en Estados Unidos. Todos con idéntico resultado: negativo a consumo de drogas. El propio Rodriguez se ha defendido sin parar, y también varios personeros influyentes del oficialismo, como el senador Arturo Squella, quien, además, es presidente del Partido Republicano, sobre la base de que se ha destruido el prestigio profesional de una persona que ha demostrado -con evidencia- su inocencia de lo que se le imputa. El exministro de Salud Jaime Mañalich ha explicado con peras y manzanas la probabilidad de falsos positivos de este examen y otros, y el porcentaje de tests que solo por eso dan un veredicto equivocado. La ministra de salud, May Chomalí, también explicó esta semana en Tele13 radio que los procedimientos y protocolos de los testeos de consumo de drogas deben ser claros y no confusos; en este caso, no ha habido claridad ni de lo uno ni de lo otro.
Sin embargo, el gobierno decidió apretar los dientes y seguir adelante con su decisión inicial. El punto es que no puede decir que lo hace en el cumplimiento del objetivo que se persigue, como es combatir la influencia del crimen organizado y el narcotráfico evitando que coopte autoridades. No es lo que se puede enarbolar cuando varios laboratorios distintos y de prestigio desconocen y contradicen el resultado del laboratorio Corthorn. La pregunta, ahora que ya dieron por zanjado el asunto, es si le importa a este gobierno condenar a un daño de esta envergadura a una persona que clama, y prueba, su inocencia. ¿Le importa a estas alturas, la verdad? Pareciera ser que no mucho.
Apagaron los reclamos de Squella apelando a razones de “fuerza mayor”. Lo llamaron a separar “los sentimientos de la razón”, y apoyar lo decidido por el bien del gobierno. Pero el caso resulta ilustrativo de un desdén gubernamental por el debido proceso, por el respeto a la dignidad del ser humano y hasta de la verdad.
Si, como dicen, le creen a Rodríguez. Si, como está sobre la mesa, los laboratorios desmienten el resultado del laboratorio inicial. Si, como ha dicho Mañalich, hay un porcentaje de falsos positivos, ¿por qué les interesa tan poco la realidad? Y si tienen información distinta, sería su deber hacerla pública, pero de nada de eso hay antecedentes.
La pulsión que hay detrás -no hay que ser Freud para verlo- es de guardar las apariencias, de diferenciarse, de mostrarse “por sobre el bien y el mal”, “más papistas que el Papa” en materia de no cumplimiento de las normas. Como criticaron hasta el hartazgo al gobierno anterior por ser laxos -en los horarios, los peinados, los ritos, los gastos, las normas, todo- están en un plan no solo político, sino performativo, de mostrar la diferencia siempre y en todo momento.
Pero es un modo de “habitar el cargo” que acarrea peligros. Engominarse más, o ganar el concurso de severidad, no significa que se esté gobernando bien, de modo justo, ni mejor. De partida, es complejo hacia adentro: están dando una señal muy delicada a sus colaboradores: podrán terminar en una lapidación reputacional feroz, aún cuando no hayan cometido ninguna falta. Y también hacia afuera: las autoridades sientan precedentes y normalizan conductas y decisiones. Con su actuar con Rodríguez están abriendo las puertas a que se cometan injusticias de ese tipo en el resto de la vida nacional. Que despidan sin garantías, sin debido proceso, sin el más mínimo interés en la verdad.
Kafkiano.
Los mismos que decían que había que respetar la presunción de inocencia ante todo, no han trepidado en sacrificar a alguien, no porque sea drogadicto, sino por miedo a cómo se podían ver si no lo echaban de inmediato; obsesionados con la “óptica”, han caído en una conducta que no tiene estándar ni ético ni jurídico.
Una cosa es no dejar a una autoridad en funciones como si aquí no hubiera pasado nada, paseando por el Congreso cuando está siendo acusado de violación, y otra bien distinta es que se opte por echarlo sin más, sin esperar confirmación. Lo podrían haber suspendido de funciones hasta esperar el proceso completo.
Separar las emociones de la razón, como le pedía el ministro Alvarado al senador Squella, implica el riesgo de la disociación. ¿Qué pueden esperar los y las ciudadanas de un gobierno que trata así a uno de los suyos?
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