Aunque el presidente de la Comisión de Trabajo, José Carlos Meza (republicano), pretendía votar la próxima semana hasta total despacho el proyecto de Sala Cuna Universal, fue el mismo Ejecutivo el que se abrió a poner una pausa.
En representación del gobierno, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, señaló que “estaríamos disponibles para la próxima semana se renueve la urgencia, sin cerrar todavía el debate, pero volvemos a solicitar también la posición que manifestó a la comisión en su momento, que es que esto tampoco se alargue innecesariamente”.
Con esa concesión, la votación del proyecto —que crea un fondo de Sala Cuna para hijos de trabajadores, equiparando el acceso al derecho a hombres y mujeres, al margen del tamaño de la empresa— quedaría al menos para la tercera semana de octubre.
Las palabras del subsecretario descomprimieron el ambiente en la comisión, ya que tampoco la diputada Ximena Ossandón (RN), al igual que sus pares de oposición, estaba de acuerdo con votar la próxima semana.
El mayor plazo, sin embargo, también le da más tiempo al Ejecutivo para construir un acuerdo, ya que hasta el momento no tiene los votos para reponer aspectos centrales de la iniciativa que se cayeron en el pasado trámite en el Senado.
En particular, para el gobierno es clave restituir el mecanismo de financiamiento del fondo solidario de sala cuna, que, de acuerdo con la propuesta del ministro del Trabajo, Tomás Rau, se sustentaría con un descuento de las cotizaciones que los empleadores ya pagan por el Seguro de Cesantía.
Acuerdo PDG y FA
El problema de La Moneda es que la estrategia para sacar la iniciativa con algunos descolgados de la oposición o bancadas como el PDG se ha tornado más difícil.
De hecho, ante la falta de propuestas del Ministerio del Trabajo, el PDG se allanó a adherir a una declaración coordinada por la presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, en la que, si bien valoran avances del proyecto, exigen algunas concesiones del Ejecutivo.
“Reiteramos nuestro compromiso con poner fin a la discriminación que establece el actual artículo 203 del Código del Trabajo, que consagra el derecho a sala cuna exclusivamente a mujeres de aquellas empresas que contrate a veinte o más trabajadoras. Esta circunstancia ha afectado su empleabilidad; ha desconocido los derechos de niños y niñas y ha impedido avanzar en corresponsabilidad”, dice la declaración firmada por varios diputados, entre ellos Yeomans, la subjefa de la bancada del PDG, Tamara Ramírez, Luis Cuello (PC), Héctor Ulloa (indep. PPD), Nelson Venegas (PS) y Patricio Pinilla (DC).
“Valoramos que, en el marco del proyecto de ley de Sala Cuna Universal, el Senado reconociera a los niños y niñas menores de dos años, hijos o hijas de personas trabajadoras, como quienes tienen derecho a acceder a sala cuna para recibir alimentación, cuidado, protección y atención para su desarrollo integral”, añade el texto que sintoniza con la idea aprobada por el Senado, a contrapelo de lo que pretendía el gobierno, en el sentido de que el titular del derecho debía ser el trabajador y no su hijo.
Además, critican que la propuesta de La Moneda debilita derechos. “El proyecto reemplaza el derecho de las personas trabajadoras a que su empleador provea salas cunas por la de cotizar en un Fondo. El empleador es un mero pagador de cotizaciones y las personas solo pueden exigir su pago, abandonando la lógica del derecho de sala cuna con más de cien años de antigüedad”.
Frente a ello, proponen mantener la obligación a los empleadores, “lo que es plenamente compatible con propiciar un fondo que financie las salas cunas y que considere especialmente medidas de apoyo fiscal hacia las PYMES”.
También cuestionan el copago, pues, a juicio de los legisladores, traslada el costo a las familias.
Acusan que en la fórmula del gobierno la red pública queda excluida del financiamiento. “Bajo el modelo propuesto los niños y niñas podrán asistir a salas cunas públicas o privadas, que forman parte del Registro de instituciones del Fondo de Sala Cuna, sin embargo, dicho fondo solo financia a instituciones privadas y no apoya a la red pública (Junji, Integra y los jardines VTF)”.
Añaden que se genera un doble estándar de calidad. “El proyecto de ley exige a las salas públicas el Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación que implica, entre otros aspectos, ceñirse a sus Bases Curriculares. A las salas cunas privadas, que reciben exclusivamente los recursos del Fondo de Sala Cuna, les basta una Autorización de Funcionamiento que las obliga solo a observar los objetivos generales del sistema”.
“No es aceptable financiar un derecho recortando otro”, sostienen los diputados en abierta crítica al uso de dineros del Seguro de Cesantía. “El Ejecutivo propuso compensar la cotización al Fondo de Sala Cuna con una rebaja equivalente de las cotizaciones del Seguro de Cesantía. El Senado rechazó esa fórmula y el Gobierno anunció reponerla. Financiar la sala cuna con la protección frente al desempleo de las y los trabajadores, en un contexto de alto desempleo, constituye un retroceso”.
Por estas razones, los parlamentarios adelantan que impulsarán correcciones a la propuesta gubernamental.