Una reforma tributaria estructural será una de las primeras medidas del gobierno de Abelardo de la Espriella, que en su posesión del 7 de agosto anunció que presentará en el Congreso de la República un proyecto para simplificar el sistema de impuestos, combatir la evasión y mejorar las condiciones para la inversión, la producción y el empleo. Dentro de los cambios planteados figura la eliminación del impuesto al patrimonio.
El nuevo presidente de Colombia anunció una iniciativa que su gobierno presentará en las primeras semanas del mandato, aunque el proyecto aún no fue radicado.
De la Esprilella incluyó la iniciativa dentro de una reorganización más amplia de las finanzas públicas. También afirmó que recibe una economía marcada por el aumento del gasto público y del endeudamiento, por lo que la austeridad fiscal será uno de los principales objetivos de su administración. Uno de los mensajes del presidente apuntó a la carga sobre quienes invierten y producen. “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, afirmó.
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De la Espriella resumió el alcance de la propuesta en otra frase de su intervención. “Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”, dijo. Por supuesto, la propuesta deberá surtir trámite legislativo en el Congreso antes de convertirse en ley. El nuevo gobierno anticipó que la presentará en las primeras semanas del mandato.
Ante ese escenario, el abogado Carlos Camargo, líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, pidió a las empresas prepararse con monitoreo, auditoría interna y revisión de riesgos, sin paralizar su operación y sin dar por modificadas las normas vigentes.
Qué deben vigilar las empresas desde el inicio del mandato
Camargo sostuvo que ese escenario exige preparación temprana, pero no reacciones apresuradas. Apuntó que “la recomendación no es entrar en pánico ni paralizar la operación de las empresas. Lo correcto es adoptar una postura de monitoreo activo, auditoría interna y preparación preventiva”.
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Añadió que el relevo en la Casa de Nariño no altera por sí solo las normas aplicables. “Si bien iniciamos un nuevo gobierno, esto no implica que el ordenamiento jurídico y sus disposiciones varíen automáticamente”, explicó.
Entre los primeros frentes de seguimiento ubicó los proyectos de ley que se radiquen en el Congreso en las primeras semanas de sesiones, en especial los tributarios y laborales. Ese control coincide con el inicio de una nueva legislatura, que comenzó el 20 de julio. También recomendó seguir las decisiones y los mensajes de los nuevos ministros y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), además de las superintendencias y otros organismos de control. A su juicio, esas señales suelen anticipar los asuntos que recibirán mayor fiscalización en los primeros meses.
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Antes de pensar en cambios futuros, Camargo planteó que las compañías revisen su situación actual. El primer paso, anotó, “es un diagnóstico interno para detectar riesgos regulatorios y corregir debilidades antes de que entren en vigor nuevas normas”.
En ese examen incluyó los contratos por prestación de servicios, los contratos de obra o labor y los esquemas de tercerización. El objetivo es prevenir casos de intermediación ilegal o de contratos realidad.
También recomendó verificar la aplicación completa de la reducción gradual de la jornada laboral, cuya implementación terminó en julio. A esa lista sumó la correcta liquidación de horas extras, recargos nocturnos y trabajo en domingos y festivos.
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Otro punto de revisión abarca la afiliación y el pago de seguridad social y parafiscales, ante la posibilidad de ajustes en esas obligaciones dentro del nuevo escenario regulatorio. Camargo añadió que “las empresas con vínculos con el sector público deben revisar sus contratos con el Estado o con entidades públicas por las reorganizaciones institucionales y evaluaciones que suelen acompañar los cambios de gobierno”.
La reforma tributaria no sería el único frente de atención para el sector privado. El experto incluyó entre los temas pendientes la reglamentación de puntos de la Reforma Laboral identificada como la Ley 2466 de 2025 y la reforma pensional, cuyo futuro depende de una decisión de la Corte Constitucional.
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A ese panorama se suman los pronunciamientos de la Ugpp y de las superintendencias. Sus lineamientos, según el análisis de Scola Abogados, suelen marcar los principales focos de fiscalización al comienzo de un nuevo gobierno.
Dentro los sectores con mayor exposición regulatoria mencionó:
- Comercio y comercio minorista: por el peso del empleo temporal y la tercerización.
- Industria y manufactura: por las propuestas de reducción de impuestos corporativos para estimular la inversión productiva.
- Sector energético: por el interés oficial en impulsar nuevas inversiones.
- Mipymes: mencionadas en propuestas de tarifas diferenciales en renta y simplificación de trámites administrativos.
Camargo advirtió contra las decisiones tomadas solo con base en anuncios políticos: “Muchas iniciativas cambian sustancialmente durante su trámite en el Congreso”.
Frente a ese panorama, el abogado recomendó reforzar el cumplimiento normativo, mantener documentadas las relaciones laborales y comerciales y apoyarse en canales de información confiables para distinguir entre un proyecto de ley, un decreto en discusión y una norma vigente. También sugirió una hoja de ruta legal flexible, con revisiones cada trimestre, para ajustar la estrategia empresarial a medida que avance la agenda del nuevo gobierno.
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