Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategia de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), considera que la recién aprobada Ley Canaria de la Ciencia nace sin consenso de la comunidad científica, sin el respaldo de las universidades canarias, con las que no se contó para su elaboración, con el exclusivo apoyo parlamentario de los grupos que apoyan al Gobierno CC-PP y, además, sin compromisos firmes de financiación. “Una oportunidad perdida en un asunto estratégico para el presente y el futuro de Canarias”, ha sentenciado.
“Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) propuso numerosas enmiendas a su articulado, muchas de ellas en consonancia con las justas reivindicaciones de nuestras dos universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas. Casi todas fueron rechazadas por la mayoría conservadora que apoya al Ejecutivo de Clavijo”, explica.
Para Rodríguez, la actitud del Gobierno con la Ley de la Ciencia es “continuista con lo que vienen haciendo con nuestras universidades públicas”, lo que ha llevado a que miles de personas suscriban el Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, exigiendo que se cumpla plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación, el 1% en 2030 frente al actual 0,5% que mantiene financieramente ahogadas a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.
Recortes en I+D+i
Igual sucede en el apoyo presupuestario que recibe la I+D+i. Rodríguez expone que en los presupuestos para este año 2026 los créditos para el área de I+D+i se reducen en 12,2 millones de euros (-12%). Por tanto, en las tres cuentas públicas presentadas por este Gobierno (2024, 2025 y 2026) se recortan las partidas en I+D+i en 24,9 millones de euros (una reducción del 21,8%) respecto a las que dejó en las del año 2023 el gobierno de Ángel Víctor Torres. “Y esa sustancial bajada se produce en tres presupuestos donde el gasto no financiero total sube nada menos que en 2.310,6 millones (+22,7%). Las partidas para I+D+i han pasado de suponer el 1,12% del gasto no financiero en 2023 al 0,71% en los presupuestos para 2026”, incide.
Román Rodríguez asegura que en la Ley de la Ciencia no se ha tenido en cuenta la opinión de las dos universidades públicas, las instituciones que generan más del 90% de la investigación científica en Canarias, de los principales protagonistas de la generación, transferencia y divulgación del conocimiento científico en las islas.
Además, considera que es un grave error que en el texto legislativo no se establezcan compromisos financieros vinculantes. “Más aún, cuando este Ejecutivo lo que ha hecho es recortar de manera sustancial las partidas destinadas a I+D+i, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades en que se reduce la inversión en este ámbito”, detalla.
Rodríguez recuerda que NC-bc propuso el establecimiento de objetivos concretos, entre ellos el cumplimiento de la financiación prevista en la legislación estatal y una senda progresiva de crecimiento que posibilite alcanzar el 3,2% del PIB en 2030.
Potenciar las universidades privadas
Otros aspectos negativos de la nueva Ley son el que no se facilite una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes; y la composición del futuro consejo asesor de ciencia, ente encargado del asesoramiento al Gobierno y diseño de la estrategia científica de Canarias, donde las universidades públicas, claves para garantizar el rigor científico y técnico en sus decisiones, sólo contarán con dos de los 17 miembros que integran este órgano. “Y tampoco nos parece acertada la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)”, añade.
En definitiva, concluye Román Rodríguez, “tanto con esta Ley Canaria de la Ciencia como con el persistente maltrato financiero a nuestras universidades o el retroceso en I+D+i en los Presupuestos de Canarias de CC y PP se dibuja un panorama muy negativo en el que se castiga a las universidades públicas y se trata de potenciar y beneficiar a las universidades privadas, como están haciendo las derechas conservadoras y extremas en otras comunidades”.