La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Gobernación y la Semarnat se encuentran en negociaciones con las comunidades de Chimalapas para disminuir las tensiones por territorio entre Chiapas y Oaxaca.
Esta área natural protegida ha registrado diversos episodios de violencia desde la implementación de las acciones establecidas en la Reforma Agraria de 1968, que según el mandatario estatal Ramírez Aguilar, “este ha sido un tema que lo han traído todas las administraciones hasta la fecha.
PUBLICIDAD
Dentro de las estrategias principales se destacó que es necesario un trabajo conjunto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz para ejecutar una solución jurídica para el problema de esta zona.
Las comunidades de Chiapas, particularmente el Ejido Díaz Ordaz, han avanzado en la posibilidad de permanecer en territorio oaxaqueño y aceptado que esta zona forme parte de Oaxaca, siempre y cuando se mantenga bajo el régimen ejidal.
Por ello, la discusión actual ya no se centra en determinar si la comunidad ubicada en Chiapas permanecerá dentro de Oaxaca, sino en definir el régimen de propiedad que tendrá. Mientras los habitantes plantean conservar la condición de ejido, Oaxaca propone que ingresen bajo el esquema de bienes comunales, una diferencia que mantiene detenida la negociación.
PUBLICIDAD
“Yo espero que, pues en los próximos meses tengamos, la sensibilidad de quienes están llevando la negociación comunitaria para que se pueda hacer posible esa negociación”, señaló el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante la mañanera del pueblo de este 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El mandatario estatal afirmó que 95% de las personas desplazadas por grupos delictivos en Chiapas retornó a sus comunidades tras los operativos y la aplicación de la ley contra el Cártel del Pacífico, el Cártel de Chiapas y Guatemala y el CJNG, sostuvo que las autoridades recuperaron el control territorial en las zonas afectadas por la violencia.
PUBLICIDAD
El informe Travesías Forzadas, de la Universidad Iberoamericana, registró 28,900 personas en situación de desplazamiento interno en México durante 2024. Chiapas concentró 61.8% de ese total y, junto con Michoacán y Zacatecas, reunió 90% de los casos nacionales.
Ramírez Aguilar respondió sobre el desplazamiento forzado durante la conferencia matutina y atribuyó los retornos a una estrategia de cero impunidad frente a los grupos criminales que operan en la entidad. “El cero impunidad ha permitido que regresen todas las familias”, declaró.
Reconoció que podrían persistir casos en alguna comunidad aislada, aunque aseguró que la inmensa mayoría de las familias volvió de forma pacífica. También señaló que el fenómeno cambió con el tiempo: antes estaba relacionado con conflictos religiosos y después se vinculó a la disputa territorial entre organizaciones delictivas.
PUBLICIDAD
El Frayba publicó en mayo de 2026 su segundo informe, Chiapas, la paz pendiente, en el que alertó que el regreso de las familias no siempre representa una solución duradera. El documento señaló que muchas personas vuelven “en condiciones de inseguridad”, con ciclos de expulsión, retorno precario y nuevo desplazamiento.
Junto con organizaciones civiles como Serapaz, el centro de derechos humanos afirmó: “La violencia vinculada con grupos armados fue y sigue siendo el principal factor de expulsión, en un contexto de debilidad institucional o de respuestas limitadas de parte del Estado”.
El informe registró que la región Sierra Frontera mantuvo durante 2025 problemas de desaparición forzada y desplazamiento interno. El organismo documentó 416 personas desaparecidas ese año y describió parte de los retornos como “circulares”, sin condiciones de seguridad garantizadas.
PUBLICIDAD
Chiapas tampoco ha reglamentado la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, vigente desde 2012. A 14 años de su promulgación, el gobierno estatal no ha establecido protocolos ni asignado presupuesto, pese a un amparo judicial que lo obliga a hacerlo.
En Pantelhó, Ramírez Aguilar afirmó que la aplicación de la ley contra Los Herrera y El Machete permitió recuperar la gobernabilidad y el retorno de familias a la cabecera municipal. Describió la confrontación como un conflicto “muy matizado” entre dos grupos de tipo político o social.