Ante los casi 100 casos de violencia en estadios de futbol en México entre 2023 y 2025 y el fracaso en el control de las barras y del Fan ID que fue prohibido por el mal manejo de datos biométricos y fotográficos de los asistentes, el Senado aprobó una reforma que busca inhibir este tipo de conductas mediante la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria y turnado a la Cámara de Diputados expone que “el propósito central del texto es plantear la urgente necesidad de atender de manera integral la violencia que se presenta en eventos deportivos en México, la cual ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una expresión reiterada y peligrosa de la descomposición del tejido social y la debilidad institucional”.
La reforma propone la incorporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), con el fin de fomentar una coordinación interinstitucional efectiva entre las autoridades deportivas y las instancias encargadas de la seguridad pública.
Se argumenta que esta participación permitiría diseñar políticas públicas con enfoque preventivo, así como estrategias para la protección civil, el fortalecimiento de protocolos, y la promoción activa de los derechos humanos en los recintos deportivos.
Se expone que después del caso de violencia en el Estadio Corregidora de Querétaro en 2022, donde oficialmente se registraron 26 personas heridas por una batalla campal entre las porras de los Gallos Blancos y el Atlas, la Liga MX registró una disminución del 22% en asistencia promedio en los estadios durante los siguientes seis meses.
Entre las medidas que tomó la Liga MX es prohibir el ingreso de barras visitantes a todos los estadios del país. Sin embargo, esta medida no se ha cumplido cabalmente lo que ha generado más casos de violencia.
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Asimismo, se creó el Fan ID para identificar a todos los aficionados que asisten a partidos de la Liga MX, pero la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prohibió esta medida y multó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con 42.8 millones de pesos.
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