La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) emitió un nuevo informe sobre las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Según este, el evento sismico ya dejó 331 personas fallecidas y más de 185.000 familias damnificadas en Colombia.
El informe actualizado hasta el 24 de agosto revela la dimensión de la emergencia y el impacto sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales en 16 departamentos. Con exactitud, la entidad reportó lo siguiente:
1. Balance nacional:
- 16 departamentos afectados.
- 494 municipios afectados.
- 185.226 familias afectadas.
- 361.353 personas afectadas.
2. Afectación a la población:
- 331 personas fallecidas.
- 4.439 personas heridas.
- 240 personas desaparecidas.
- 364 personas rescatadas.
3. Afectación a la vivienda:
- 178.555 viviendas averiadas.
- 31.540 viviendas destruidas.
- 5.884 edificios averiados.
- 603 edificios colapsados.
4. Afectación a la infraestructura y los servicios:
- 378 centros de salud afectados.
- 3.731 centros educativos afectados.
- 4.170 centros comunitarios afectados.
- 441 vías afectadas.
- 5 aeropuertos afectados.
- 118 acueductos afectados.
- 73 puentes vehiculares afectados.
- 16 puentes peatonales afectados.
5. Afectación y rescate de animales:
- 2.153 animales afectados.
- 2.942 animales rescatados.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dispuso una batería de medidas inmediatas y de mediano plazo tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que impactó con severidad a departamentos del occidente del país.
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El mandatario declaró estado de desastre nacional y activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Chocó para centralizar la coordinación de la respuesta inicial, instruyendo a la Unidad Nacional para Ungrd la elaboración de un inventario detallado de daños y necesidades.
Apenas confirmada la magnitud del sismo, De la Espriella convocó al Comité Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y ordenó tres días de duelo nacional. Equipos de rescate, bomberos, defensa civil y rescatistas caninos se movilizaron hacia las zonas más afectadas, mientras que las Fuerzas Armadas apoyaron el despliegue logístico y de seguridad.
Viajó a Pereira, Quibdó y Cali para supervisar personalmente la atención a los damnificados, priorizando la asistencia en los puntos con mayores pérdidas humanas y materiales.
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Dentro las medidas económicas, el Gobierno nacional declaró la emergencia económica y creó el Fondo Milagro, destinado a canalizar tanto recursos públicos como donaciones internacionales para la reconstrucción de hospitales, escuelas y viviendas. El Ministerio de Hacienda activó un crédito de hasta USD450 millones con el Banco Mundial y extendió por un mes el plazo para el pago de impuestos en los municipios más afectados. La Presidencia solicitó a Estados Unidos la suspensión temporal de aranceles a las exportaciones colombianas y recibió compromisos de ayuda de los Emiratos Árabes Unidos, así como equipos de rescate de diversos países.
El paquete de alivios incluyó:
- Subsidios de arriendo.
- Suspensión temporal del pago de servicios públicos.
- Exenciones fiscales para familias damnificadas.
El movimiento solidario nacional confirmó la recolección de 933 toneladas de insumos esenciales en Bogotá. El Estadio El Campín funcionó como centro de acopio hasta su cierre, luego la logística se trasladó al Palacio de los Deportes y a la Cruz Roja Colombiana, que recibió donaciones económicas a través de plataformas oficiales. Más de 10.000 voluntarios participaron en la clasificación y despacho de ayudas, con prioridad para alimentos, medicamentos y kits de higiene destinados a Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.
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El llamado humanitario internacional fue reforzado por la ONU, que solicitó USD148 millones adicionales a un plan previo de USD472 millones. Hasta el 12 de agosto, el recaudo internacional sumaba cerca de USD35 millones, con una asignación de USD5 millones desde el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas. El Gobierno reportó ofertas de cooperación internacional por cerca de USD1.300 millones, incluyendo aportes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y la Unión Europea. El sector privado colombiano comprometió más de 2 billones de pesos y empresas extranjeras enviaron equipos de rescate y ayuda material.
La campaña “Colombia un solo corazón”, coordinada por la primera dama Ana Lucía Pineda y autoridades locales, instaló más de 30 centros de acopio en varias ciudades para recolectar alimentos no perecederos, medicamentos y suministros para mascotas. En Cali, la llegada constante de camiones con donaciones permitió la movilización de 30 toneladas de ayuda adicional, mientras que organizaciones como la Fundación Minuto de Dios mantuvieron puntos activos de recolección de ropa y enseres en la capital y otras ciudades.
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El costo total estimado de reconstrucción supera los $30 billones. Tanto el gobierno como organismos internacionales reconocen un déficit de financiación y anticipan que la mayoría de los recursos deberá salir del presupuesto nacional y de nuevas fuentes de crédito.
En el sector financiero, los bancos adoptaron medidas para aliviar la carga inmediata de los damnificados. El Gobierno solicitó el congelamiento temporal de pagos de créditos hipotecarios y de consumo en municipios bajo alerta roja, estableciendo prórrogas automáticas y suspendiendo cobros de intereses moratorios durante la emergencia. Las entidades aplicaron una reducción en tasas de interés para créditos nuevos y vigentes dirigidos a damnificados, y crearon líneas especiales para la reconstrucción de viviendas y negocios con plazos extendidos y periodos de gracia, en coordinación con Bancóldex y Finagro.
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En casos de pérdidas totales, algunos bancos anunciaron la condonación total o parcial de deudas, tras validar el grado de afectación. También se agilizó el proceso de reclamación y desembolso de pólizas de seguros, con asesoría gratuita para la gestión y ampliación de canales de atención. Varias entidades financieras realizaron donaciones directas al Fondo Milagro y a organizaciones humanitarias, realizando campañas internas de recaudación entre empleados y clientes.
Sucursales y canales digitales habilitaron atención prioritaria para damnificados en las zonas más golpeadas, con líneas telefónicas y virtuales dedicadas a trámites urgentes y entrega de información sobre los beneficios disponibles. Las autoridades recomiendan donar únicamente por medio de cuentas y organizaciones verificadas, tras detectarse campañas fraudulentas paralelas.
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