Ecuador entrará en una nueva fase de toque de queda focalizado para las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro, desde el 1 al 10 de noviembre próximo.
En el Decreto Ejecutivo 519, que establece esta medida excepcional, se exponen argumentos sobre la importancia del despliegue operativo de las fuerzas del orden durante el lapso de 00:00 a 05:00 en las cinco jurisdicciones para afectar a las organizaciones criminales que cometen diversos delitos, principalmente homicidios, extorsión y narcotráfico.
Detenidos, abatidos, decomisos de drogas y armas: un balance del último toque de queda que “permitió golpear a las economías criminales”
El Gobierno ecuatoriano plantea que limitar la circulación nocturna permitirá frenar el desplazamiento, abastecimiento y repliegue de los grupos delictivos, en base a reportes que advierten sobre la persistencia de homicidios y otros delitos.
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Pese a que la medida ya se aplicó en una tercera ocasión en el año entre el 17 y el 30 de septiembre con resultados positivos, informes del Ejecutivo citados en el decreto evidencian que se mantiene la resiliencia táctica del crimen organizado, así como una constante reconfiguración y disputas territoriales. El anterior toque de queda se aplicó en las mismas provincias a excepción de Esmeraldas.
En el periodo mencionado, el Ministerio del Interior contabilizó 2.561 aprehensiones, 1.310 operaciones y 1.050 puntos de control, además de decomisos de drogas, armas, municiones y explosivos. De los detenidos, un grupo de 1.866 correspondieron a casos de extorsión, delincuencia organizada, armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
También se incautaron 8,1 toneladas de drogas que equivalen a $ 340 millones en el mercado ilícito, además de 456 armas, 12.800 municiones y 40 explosivos.
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En torno a la inclusión de Esmeraldas, el Ejecutivo citó informes sobre la presencia de estructuras criminales y sus capacidades operativas en la jurisdicción. Específicamente se expone sobre la presencia de la banda La Siate, cuyos integrantes mantendrían vínculos con disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucinarias de Colombia (FARC) en el vecino país.
Razones para el despliegue operacional y de inteligencia
En general, el Ministerio del Interior detalló que las amenazas identificadas presentan características que requieren intervenciones diferenciadas de las ordinarias, debido a la capacidad de movilización, disponibilidad de armamento, uso de explosivos y presencia territorial de estas estructuras delictivas.
Según los justificativos del decreto, una de las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad es que la circulación habitual de personas y vehículos complica la identificación de amenazas. Por ello, se considera que restringir temporalmente la movilidad contribuye a establecer mejores condiciones de control del espacio público durante intervenciones previamente planificadas, reduciendo la exposición de ciudadanos ajenos a los operativos.
Por otra parte, los informes militares describen que las organizaciones delictivas buscan mantener su capacidad logística, armada y de recomposición para continuar sus actividades, a pesar del despliegue previo, gestionando homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de sustancias y otras economías ilícitas.
En ese sentido, un informe del Centro Nacional de Inteligencia expone la necesidad de fortalecer el despliegue operacional focalizado, los dispositivos de control, patrullaje y operaciones de inteligencia. De esa manera, se plantea limitar la movilidad de las bandas criminales, facilitar el control de accesos y corredores logísticos, y reducir los riesgos para la población civil durante las intervenciones de las fuerzas del orden.
Estadísticas de emergencias y registros de violencia
En los justificativos de la medida se recogen estadísticas del Servicio Integrado ECU911, que contabilizó 12.468 emergencias del 17 de septiembre al 13 de octubre, siendo Guayas la que suma más registros con 7.819 casos.
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Los datos de hechos de violencia constituyen otro de los argumentos para intervenir. En la franja horaria de 00:00 a 05:00, la Policía registró 33 homicidios intencionales: Guayas concentró 15 casos, El Oro nueve, Manabí seis, Los Ríos dos y Esmeraldas uno. Además, entre el 17 de septiembre y el 11 de octubre se levantaron 2.470 indicios balísticos.
Ante el nuevo periodo de toque de queda, el ministro del Interior, John Reimberg, expuso que se prevén relevantes operativos por parte del Bloque de Seguridad, integrado por policías y militares. “Que los ecuatorianos sepan que lo hacemos por la seguridad del Ecuador, lo hacemos porque necesitamos operar con la seguridad de que no haya daños colaterales y podamos asegurar la neutralización de las amenazas”, concluyó. (I)