La creación de tribunales militares especializados es una de las propuestas que se generan dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029.
El documento plantea que estas instancias formen parte del Consejo de la Judicatura y conozcan procesos penales relacionados con miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que también impulsa la implementación de salas especializadas para casos que involucren a efectivos de la Policía Nacional.
Según el documento, la intención consiste en dotar de mayor seguridad jurídica a los uniformados y garantizar que los casos derivados de operaciones de seguridad sean conocidos por jueces con conocimientos técnicos sobre el uso de la fuerza, la legislación militar y el combate contra el crimen organizado.
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El planteamiento es analizado por especialistas en seguridad y abogados, ya que aseguran que la Constitución eliminó hace décadas las cortes penales militares independientes y estableció que policías y militares sean juzgados por órganos de la Función Judicial.
El Gobierno busca una justicia especializada
El diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Integral señala que la delincuencia opera con estructuras cada vez más complejas y que ello exige operadores judiciales capaces de comprender el contexto de las operaciones militares y policiales.
En ese contexto, la Estrategia 4.7 plantea impulsar la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura, mientras que otras acciones contemplan salas especializadas para conocer procesos relacionados con miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
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El documento añade que cualquier reforma deberá respetar los principios de la jurisdicción ordinaria y apoyarse en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza (Lorulf).
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El documento insiste en mantener la justicia ordinaria
Aunque utiliza la denominación de tribunales militares especializados, el propio Plan Nacional de Seguridad aclara que estas instancias formarían parte del Consejo de la Judicatura y que las reformas deberán respetar “en todo momento los principios de la jurisdicción ordinaria”.
Además, establece que el respaldo jurídico a policías y militares deberá sustentarse en la Lorulf, que fija reglas para el uso legítimo de la fuerza, mecanismos de transparencia y controles destinados a prevenir abusos.
Para el abogado Wilson Parrales, el punto más relevante de la propuesta radica en la forma en que se implementen los llamados tribunales militares especializados.
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El jurista explica que la propuesta del PNSI intenta encontrar una alternativa al plantear que estos tribunales funcionen dentro del Consejo de la Judicatura, es decir, como parte de la justicia ordinaria.
A su criterio, esa figura podría ser jurídicamente viable si sigue el modelo de otras judicaturas especializadas que ya existen en Ecuador, como las dedicadas a violencia de género, corrupción o crimen organizado.
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Sin embargo, advierte que la constitucionalidad de la iniciativa dependerá de cómo se estructure.
El experto en seguridad Diego Pérez consideró que el problema radica en que muchos jueces ordinarios carecen de conocimientos sobre operaciones tácticas, reglas del uso progresivo de la fuerza y escenarios de combate contra organizaciones criminales.
Esa falta de especialización puede provocar resoluciones alejadas de la realidad operativa que enfrentan militares y policías durante sus intervenciones.
Desde esa perspectiva, Pérez consideró que el país podría fortalecer la capacitación de jueces civiles dentro del sistema judicial existente, en lugar de crear órganos.
Indicó que se debe centrar el análisis en la constitucionalidad de la propuesta y no únicamente en su conveniencia para las fuerzas del orden.
Bajo ese esquema, consideró que la creación de tribunales militares especializados podría requerir una reforma constitucional antes de implementarse.
El objetivo: brindar seguridad jurídica a policías y militares
Más allá del debate constitucional, Parrales consideró que el diagnóstico del plan refleja una preocupación que existe desde hace varios años dentro de las instituciones de seguridad.
Según él, muchos policías y militares enfrentan incertidumbre cuando deben utilizar la fuerza durante operativos contra organizaciones criminales.
El temor a enfrentar procesos penales prolongados, señala, ha generado dudas en algunos uniformados sobre cómo actuar durante intervenciones de alto riesgo.
En ese contexto, sostiene que la creación de salas especializadas podría aportar mayor seguridad jurídica, siempre que los jueces conozcan el funcionamiento de las operaciones tácticas, los principios de proporcionalidad y las reglas previstas en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza (Lorulf). (I)