El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, vivió semanas de tensión. Cuando el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tuvo la vista de la causa -en el marco del requerimiento que presentaron consejeros regionales (core) republicanos y UDI para destituirlo- luego tomó una decisión poco habitual. En vez de deliberar el requerimiento, ya sea rechazando o acogiendo, el pleno decidió dejarlo en estudio.

Todo esto, debido a que los cores reclamaban faltas a la probidad. El centro del libelo apuntaba a las sesiones de coaching que fueron financiadas por platas de la gobernación para fines ajenos al cargo de Orrego, ya que, según la Contraloría, dichas sesiones fueron con fines electorales.

La decisión descolocó al equipo de Orrego, ya que la apuesta era que dado el paso del tiempo, al hecho de que los abogados de los requirentes estaban casi todos trabajando en el gobierno y el despeje del camino penal del gobernador le habían quitado fuerza al libelo y por lo tanto el pleno estaba inclinado a rechazarlo.

Sin embargo, que el Tricel hubiera optado por dejarlo en estudio significaba que había ministros con dudas y eso, en este tipo de casos, no era una buena noticia.

Tras semanas de estudio de los antecedentes, el Tricel citó al pleno a las 15.00 horas de este martes para finalmente deliberar y tomar el acuerdo que selló el futuro de Orrego al mando de la Gobernación Metropolitana.

Luego de un arduo debate al interior del Tricel, los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Omar Astudillo, Gabriel Ascencio y la ministra Adelita Ravanales procedieron a la votación. El resultado fue un acuerdo dividido que finalmente dejó a Orrego libre de cualquier sanción en sede electoral. Por tres votos contra dos, el Tricel optó por rechazar el requerimiento y desestimar las peticiones de los cores republicanos y UDI.

Tras conocerse la resolución, Ciro Colombara y Aldo Díaz -los abogados de Orrego- valoraron el resultado y afirmaron estar “muy tranquilos y satisfechos” con la decisión del Tricel.

“Los ministros nos dieron la razón. El señor Orrego es absolutamente inocente de todo lo que se le acusó. En este caso se instrumentalizó la justicia”, sostuvieron.

Los abogados además acusaron que “se intentó ganar por esta vía lo que un sector político no logró conseguir en las urnas” y agregaron que “el señor Orrego cerró victoriosamente este capítulo amargo e injusto de su vida política”.

Orrego lo gana todo

Con la determinación que adoptó el Tricel, se terminó por despejar el último flanco que el exmilitante DC mantenía abierto. Previamente, salió libre de todas las imputaciones que hizo a su respecto el Ministerio Público y también de otras indagaciones que llevó el Servel.

La primera de las aristas judiciales que se comenzó a aclarar fue la referente al caso ProCultura, cuando en febrero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime su solicitud de desafuero. Ese fue el inicio de las buenas noticias para Orrego.

Ahí la Fiscalía buscaba imputarlo por fraude al Fisco, señalando una serie de irregularidades en la suscripción de un convenio con la fundación, para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate.

Producto de lo mismo, y tras solicitudes de su defensa, en junio el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó su sobreseimiento definitivo en dicha causa como resultado del portazo que recibió el Ministerio Público.

En paralelo, además, se disiparon los cuestionamientos penales ligados justamente a los antecedentes que analizó el Tricel, por la supuesta contratación de sesiones de coaching con fondos públicos para garantizar su reelección en el cargo.

Previo a que el tribunal presidido por el ministro Prado analizara todos los antecedentes y escuchara los alegatos de las partes, la Fiscalía Oriente desplegó una serie de diligencias para identificar si los hechos revestían o no características de delitos.

Tras las diligencias, en marzo la fiscal regional Lorena Parra y el fiscal Cristóbal Salazar comunicaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar.

Pero eso no fue todo. Recientemente, además, desde el Servicio Electoral (Servel) se informó que se determinó archivar la investigación que se llevó contra el gobernador por los mismos hechos, vinculados a uso irregular de dineros del GORE.

Así, el pasado 10 de agosto, la entidad determinó que los fondos examinados y previamente advertidos por la Contraloría no constituyen gasto electoral en los términos que establece la Ley 10.884.

Así las cosas, la jornada de este miércoles 9 de septiembre el gobernador enfrentará de la mejor de las formas una nueva sesión del consejo regional, pues ya quedó completamente despejado que no hay irregularidades que se puedan reprochar, el menos en sede penal o electoral.