Después de más de dos años desde que se presentó la denuncia que dio origen al caso Triple A, seis meses de diferimientos, y tras más de cuatro meses de audiencias de juzgamiento, el proceso penal que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 21 procesados entra en su etapa decisiva.
Está previsto que el Tribunal Anticorrupción reinstale la audiencia entre el 24 y el 25 de julio para concluir la incorporación de toda la prueba pendiente. Una vez finalizada esa fase, el 26 de julio las partes presentarán sus alegatos finales, el último paso antes de que los jueces deliberen y emitan su resolución.
La Fiscalía sostiene, dentro de su teoría del caso, que existió una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados, hechos que habrían ocasionado un presunto perjuicio económico de $ 61,5 millones al Estado. Los procesados rechazan las acusaciones y sostienen que no existió delito.
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Una investigación que comenzó en 2024
La causa se originó el 12 de julio de 2024, cuando la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR) presentó una denuncia por presuntas irregularidades detectadas en la comercialización de combustibles.
Once días después, el 23 de julio, la Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos e inició formalmente la investigación del denominado caso Triple A, que desde entonces ha atravesado varias etapas procesales.
El primer intento para formular cargos ocurrió el 14 de octubre de 2024, pero la diligencia no pudo instalarse. Durante los siguientes dos meses se registraron nuevas convocatorias, diferimientos e inasistencias hasta que finalmente la audiencia se instaló el 14 de diciembre y concluyó el 16 de diciembre, cuando el juez dispuso las medidas cautelares para los procesados.
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Posteriormente, en abril de 2025, Alvarez fue vinculado formalmente al proceso junto con otros investigados. Desde ese momento enfrentó la causa en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país, el uso de un grillete electrónico y otras disposiciones ordenadas por la autoridad judicial.
La etapa preparatoria de juicio concluyó en junio de 2025 y el 19 de julio el juez emitió el auto de llamamiento a juicio para los procesados.
Seis meses de retrasos antes del juicio
Aunque el expediente quedó listo para pasar a la etapa de juzgamiento, el juicio no comenzó inmediatamente.
Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 la audiencia fue convocada en varias ocasiones, pero enfrentó sucesivas postergaciones por incidentes procesales, reprogramaciones, audiencias fallidas y cambios en la integración del Tribunal encargado de conocer la causa.
Solo después de esa serie de diferimientos el proceso pudo avanzar.
El 8 de marzo de 2026 se instaló la audiencia de juicio, pero fue suspendida. Finalmente, el 14 de marzo de 2026 el Tribunal logró instalar definitivamente la diligencia y comenzó la práctica de la prueba.
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En total, el inicio del juicio se retrasó aproximadamente seis meses desde el auto de llamamiento a juicio.
Detención por caso Goleada cambió la situación de Alvarez
Mientras el juicio permanecía pendiente de instalarse ocurrió un hecho que modificó la situación jurídica de Aquiles Alvarez.
El 10 de febrero de 2026, el alcalde fue detenido dentro del caso Goleada, cuando llevaba más de 300 días afrontando el caso Triple A en libertad con medidas cautelares.
Durante el operativo, las autoridades informaron que no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto dentro del proceso Triple A. Ese hecho dio origen posteriormente a una investigación independiente conocida como caso Grillete.
Desde aquella detención, Alvarez permanece privado de libertad por la medida dispuesta dentro del caso Goleada, mientras el juicio del caso Triple A continuó su desarrollo.
Más de cuatro meses de audiencia
Desde que el juicio comenzó el 14 de marzo, el Tribunal ha escuchado en doce ocasiones, durante varios meses, a peritos, agentes investigadores, funcionarios públicos, expertos y testigos convocados tanto por la Fiscalía como por las defensas.
La Fiscalía concluyó en junio la presentación de su prueba de cargo, mientras que durante julio inició la práctica de la prueba de descargo de las empresas y de los demás procesados.
Las jornadas previstas para el 24 y 25 de julio permitirán concluir la incorporación de toda la prueba restante.
Posteriormente, el 26 de julio, la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado, las acusaciones particulares y las defensas expondrán sus alegatos finales, resumiendo los elementos que, a su criterio, respaldan o desvirtúan la teoría del caso. Con ello terminará la etapa de juzgamiento.
Una vez concluidos los alegatos finales, el Tribunal ingresará a la fase de deliberación.
En vísperas de la recta final del juicio, la defensa de Alvarez solicitó al Tribunal que el procesado pueda rendir su testimonio de manera presencial durante la audiencia prevista para el 25 de julio. En un escrito se argumenta que esa diligencia tiene una naturaleza distinta al resto de la audiencia porque corresponde a la declaración del propio procesado, uno de los principales actos de su defensa material.
La defensa sostiene que, aunque ha acatado que Alvarez comparezca por videoconferencia desde la Unidad Judicial de Santa Elena, las condiciones técnicas del lugar no son las más adecuadas para receptar su testimonio. Por ello, pidió que el Tribunal ordene su traslado desde el Centro de Privación de Libertad Santa Elena n.° 1 hasta el Complejo Judicial Norte, en Quito, al considerar que una comparecencia presencial garantizaría de mejor manera los principios de inmediación, oralidad, contradicción y defensa.
En tanto, en esta fase final los jueces deberán valorar toda la prueba presentada durante los meses de audiencia para determinar si la Fiscalía logró demostrar su teoría del caso y establecer, de ser el caso, la responsabilidad penal de los procesados o su ratificación de inocencia.
La decisión pondrá fin a un proceso que ha estado marcado por una larga instrucción fiscal, múltiples diferimientos, cambios en la conformación del Tribunal y más de cuatro meses de audiencias.
(I)