Rincón de Petul
El cobro de multas de CBP llegaría hasta comunidades sin policía y controles territoriales paralelos.
Cuando pudo pensarse que todo se había visto en la persecución de la gente migrante, vino una noticia difícil de procesar. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) salió a contratar empresas para cobrar multas migratorias sobre las que aduce una acreeduría. Su objetivo son guatemaltecos, hondureños y mexicanos, ya de regreso en sus países. Esto salió a la luz el mes pasado, y esta semana trascendió que el encargo fue adjudicado a cuatro empresas estadounidenses. Las cuatro, sea dicho, provienen del universo de la industria privada de contratistas de la detención, custodia y deportación de migrantes en EE. UU. Empresas con esta trayectoria —algunas más, otras menos— que ahora se animarían a cruzar la frontera al sur, a notificar una deuda —en algunos casos— millonaria, y extender la mano en señal de cobro. Un plan con atisbos de inocencia que pareciera recordar a un bravucón señor Barriga, tocando puertas de los vecinos y saliendo casi ileso en los intentos.
Pero venir a tocar puertas, quizás tomar fotografías, y confrontar a la gente para exigir el pago de miles de dólares es algo más serio que esa cómica imagen. La deuda, de por sí, no se esperaba, al haber aquel país logrado el objetivo de expulsar a las personas. Pero los números, además, alarman. La suma es de US$423 millones contra unas 66 mil personas, repartidas entre los tres países. Las deudas individuales no son parejas y algunas son de espanto, con gente a quienes exigen incluso más de US$1 millón. De lo que se conoce, parece que el mecanismo escogido se aleja de la nebulosa —pero institucional— ruta de las cortes y favorece el expedito —pero incierto— camino extrajudicial. ¿Quién se atreverá a exponerse frente a puertas de extraños? No lo sé. Ni creo dimensionar lo que un acto así pueda provocar en los sectores con mayor cantidad de supuestos deudores.
Según datos oficiales (IGM), los departamentos con mayor cantidad de retornados son Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango. Y no es secreto que, al hablar sobre migración de estos departamentos, la incidencia se eleva mientras más rural se va. A aldeas, a cantones y caseríos. Lugares sin un policía a kilómetros y donde la paz prevalece bajo el tácito entendido de que la comunidad no debe percibir que quien llega pretenda afectarla. El siguiente, según IGM, es Guatemala; pero en sectores que tampoco garantizan la seguridad. Un estudio de la Landívar (URL) identifica áreas de las zonas 3 y 7, El Mezquital, en Villa Nueva, y La Brigada como lugares donde se reporta la tendencia migratoria hacia EE. UU. Sectores, algunos de ellos, con antecedentes claros de controles territoriales paralelos y donde el solo hecho de ingresar cándidamente puede suponer peligro.
La procedencia de estas multas es otra discusión. Hoy se insta a evaluar la seguridad, viendo que esta acción inesperada ya está en marcha en los tres países, sin que el escenario parezca mejor en los otros dos. A veces las potencias grandes giran instrucciones que en los lugares de ejecución se miran más complicados. Esta parece una de ellas. Quien diseña allá puede tener poco contacto con la realidad de acá. Confiaría uno en que la embajada hará su trabajo y que advertirá sobre los peligros que podría ocasionar a quienes sean enviados. Enviados que —irónicamente— se puede anticipar que serán locales. Guatemaltecos emisarios del Tío Sam que entrarían a esas comunidades diciendo: Ey, ¿me recuerda? Vengo en nombre de quien lo persiguió, apresó y deportó. Ahora estoy aquí, en su cuadra. Y, “by the way”, debe un millón de dólares. ¿Estoy solo en advertir el problema?
ESCRITO POR:
