La muerte de Tita, una perra comunitaria que vivía en la zona céntrica de San Francisco, Córdoba, generó conmoción entre vecinos y organizaciones proteccionistas después de que un hombre la atacara. Días después del hecho, la investigación judicial avanzó con la detención de un sospechoso de 33 años.
El acusado fue formalmente imputado en relación con presuntos hechos de maltrato animal, imputación que se realizó en el marco de la Ley 14.346. Esa norma legal establece penas específicas para aquellas personas que realicen actos de maltrato o incurran en conductas de crueldad contra los animales, y dentro de las acciones que son objeto de sanción se contempla la producción intencional de lesiones en los animales, así como también la causación de la muerte del animal.
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Tita fue agredida el 31 de mayo de 2026, entre las 22.30 y las 22.45, en una franja muy transitada de la ciudad. La perra solía permanecer en el sector de Bulevar 25 de Mayo y Avenida del Libertador Norte, en inmediaciones de la Plaza Cívica. En ese lugar recibía alimento, agua y abrigo por parte de personas de la zona, que la reconocían como un animal comunitario.
Las primeras reconstrucciones del episodio indicaron que un hombre, que circulaba en moto, le dio un golpe en la cabeza, causándole una lesión grave. Tras el ataque, Tita fue asistida e internada en una veterinaria, aunque no logró recuperarse y murió horas después. La repercusión del caso creció con rapidez entre vecinos y organizaciones animalistas, que reclamaron el esclarecimiento del hecho.
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La abogada Milena Mariamé, una de las impulsoras de la investigación, afirmó que no existen elementos para sostener que el acusado haya actuado para defenderse de una agresión previa del animal. Según planteó, el ataque habría sido deliberado: “No habría un móvil para la agresión sino animosidad de perpetrar un acto de crueldad. El animal no tuvo acción de ataque que genera una defensa, ni siquiera vio venir la agresión”.
“Cada día van apareciendo nuevos elementos. Existe una ONG que está interesada en presentarse como querellante, pero eso está en proceso. Lo que puedo asegurar que esto no va a pasar desapercibido, no es un caso aislado”, señaló Mariamé.
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En diálogo con Up San Francisco, Mariamé explicó que la causa avanzó a partir de nuevos aportes reunidos durante los últimos días de la pesquisa. Señaló que los abogados animalistas tomaron conocimiento de “elementos que serían contundentes para la causa” y que, a partir de esa información, se realizó una ampliación de la denuncia y se reforzó el trabajo con el área de Investigaciones.
La identificación del sospechoso fue resultado de una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de otros elementos de prueba. Esos aportes permitieron reconstruir el recorrido del presunto agresor y avanzar con un allanamiento en una vivienda en la calle 7 al 200, en Frontera. La pesquisa fue realizada por la División Investigaciones de la Departamental San Justo, con colaboración de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.
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En el transcurso del operativo las autoridades procedieron a secuestrar diferentes prendas de vestir junto con varios objetos adicionales, todos los cuales quedaron formalmente incorporados al expediente judicial. Entre estos elementos se encontraba: ropa, un casco y una motocicleta de la marca Motomel con una cilindrada de 150 cc.
La infracción de los artículos 1 y 3, inciso 7 de la Ley 14.346, prevé penas de 15 días a un año de prisión para quienes incurran en actos de maltrato o crueldad. Por ahora, el acusado debe designar defensa técnica y luego será citado a declarar ante la Fiscalía. A partir de ese momento se determinará cuáles serán las medidas procesales siguientes.
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