El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) elaboró un informe técnico para la prevención de la tortura, a partir de denuncias que hicieron desde el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro por la práctica de requisas en las cárceles de la provincia registradas en 2025.
En el informe indicó que en agosto de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro interpuso una acción de hábeas corpus colectivo con motivo del agravamiento de las condiciones en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti.
“Entre los fundamentos de la acción se destacaban las reiteradas denuncias de familiares por prácticas abusivas y requisas vejatorias durante los procedimientos de ingreso a los establecimientos penitenciarios”, recordó el CNPT.
“Si bien la acción fue rechazada, el tribunal interviniente instó al Servicio Penitenciario Provincial a elaborar un protocolo específico de actuación en el plazo de quince días”, mencionó el CNPT. “Como consecuencia de dicho proceso, el Director General del Servicio Penitenciario provincial aprobó el protocolo de requisa y registro para Personas Privadas de la Libertad (PPL), visitantes, personal penitenciario, instalaciones y objetos del Servicio Penitenciario de Río Negro, mediante la Disposición General del Servicio Penitenciario N° 460”, destacó.
El CNPT afirmó que con posterioridad a la entrada en vigencia del protocolo, “continuaron registrándose denuncias por requisas vejatorias a familiares y visitantes, lo que dio lugar a nuevas acciones de hábeas corpus y a la conformación de una mesa de diálogo interinstitucional destinada a revisar estas prácticas”.
Por eso, el CNPT realizó visitas de inspección a la provincia de Río Negro. “En esas oportunidades se identificaron deficiencias en los procedimientos de requisa practicados sobre PPL, en las inspecciones de celdas y espacios comunes y en los controles realizados a familiares y visitantes”, señaló en el documento.
En el informe, el CNPT consignó que “en relación con las requisas a PPL, una de las denuncias más recurrentes en todas las unidades estuvo vinculada a presuntos hechos de torturas y malos tratos cometidos por integrantes de los denominados “grupos especiales” o “grupos de choque”, comúnmente abocados a las requisas, los traslados internos y la intervención en situaciones de conflicto”.
“Las personas entrevistadas manifestaron que las requisas corporales se realizaban de forma violenta y que era frecuente recibir golpes, cachetadas y patadas mientras permanecían desnudas frente al resto de la población alojada. Asimismo, refirieron que durante estos procedimientos eran obligadas a realizar flexiones o ponerse en cuclillas”, reveló el informe.
Aseguraron que en el penal 5 de Cipolletti, “además, se denunciaron prácticas de registro fotográfico de las personas desnudas durante las requisas”.
“Respecto de las requisas de celdas y otros espacios de alojamiento, el CNPT identificó que estos procedimientos constituían otro de los momentos de mayor conflictividad y violencia dentro de los establecimientos”, aseveró en el informe.
Destacó que en 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro informó “la existencia de una práctica sistemática de requisas vejatorias, humillantes y abusivas hacia familiares (principalmente mujeres) que concurrían a visitas en los establecimientos penitenciarios”.
“Entre las prácticas denunciadas se encontraban tocamientos invasivos, requisas corporales integrales realizadas sin intervención de personal de salud, exposición de niñas, niños y adolescentes a situaciones inapropiadas e intentos de requisa a personas adultas mayores y a niñeces”, denunció el Observatorio.
Destacó que “el problema no radicaba en la realización de controles de seguridad, sino en su modalidad de ejecución, por su carácter humillante, arbitrario y contrario a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, así como al propio protocolo vigente”.
“En consecuencia, resulta indispensable revisar el contenido del protocolo para adecuarlo plenamente a los estándares internacionales, eliminando los criterios ambiguos que habilitan repartir de denuncias recibidas por prácticas “abusivas” y “vejatorias” en penales rionegrinos durante el 2025. Hoy existe un protocolo del Servicio Penitenciario.quisas invasivas, delimitando de manera estricta las circunstancias excepcionales que podrían justificar medidas de mayor intensidad, incorporando efectivamente dispositivos tecnológicos como mecanismo prioritario de control y estableciendo procedimientos diferenciados para personas privadas de libertad y visitantes”, solicitó el CNPT.
En el informe, el CNPT recordó que la ley provincial 3008 establece expresamente que el tratamiento de las personas privadas de su libertad debe estar exento de torturas, malos tratos y de actos o procedimientos vejatorios o humillantes, previendo responsabilidad penal y disciplinaria para el personal penitenciario que ordene, autorice, ejecute, consienta o no denuncie tales prácticas.