7 de octubre, 2026 - 06h00

Hay una forma de medir la madurez de una nación: observar cómo defiende aquello que considera suyo. Hace pocos días, Argentina anunció que llevará al Reino Unido a un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para impedir la explotación petrolera cerca de las islas Malvinas. Agreguemos un poco de historia y contexto.

El 2 de abril de 1982, la junta militar argentina invadió las Malvinas. No lo hizo porque se hubiera agotado la diplomacia, sino porque el régimen se desmoronaba. Leopoldo Galtieri encabezaba una dictadura acorralada por la crisis económica y por el reclamo de las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos.

El Mundial de fútbol había adormitado el descontento general, pero el dolor social no tardó en volver con más fuerza. Tres días antes, una marcha obrera había sido reprimida en Plaza de Mayo; días después, esa misma plaza lo aplaudía.

Fue una decisión irresponsable y cruel. Irresponsable, porque subestimó la reacción de una potencia militar. Cruel, porque convirtió una causa nacional, posiblemente legítima, en el salvavidas de una dictadura insostenible; y la cuenta la pagaron conscriptos de 18 años, mal equipados, enviados a resistir el invierno y a morir.

El Consejo de Seguridad de la ONU exigió el retiro de las tropas con la Resolución 502 y la respuesta británica fue la esperada, la obvia, en ejercicio de su legítima defensa: envió una fuerza de tareas para recuperar un territorio que considera suyo y administra desde 1833. El saldo de 74 días de guerra fue 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos.

Galtieri renunció tres días después de la rendición. El daño alcanzó a toda la región: el sistema interamericano se fracturó y la causa de Malvinas quedó envenenada por décadas.

Cuarenta y cuatro años después, el escenario es otro. Un gobierno democrático, elegido en las urnas, anuncia que llevará esa misma reivindicación ante un tribunal internacional. Londres lo rechaza y sostiene que la exploración cumple con el derecho internacional. Buenos Aires responde que, ante la negativa británica a negociar, acude a los mecanismos que el propio tratado prevé.

¿Prosperará? Es difícil saberlo. Estos tribunales no deciden a quién pertenece un territorio. Por ejemplo, cuando Mauricio intentó algo parecido por el archipiélago de Chagos, los árbitros se negaron a pronunciarse sobre la soberanía.

En 1982, un gobierno ilegítimo usó una causa histórica para mandar a morir a sus jóvenes y salvar su pellejo. Hoy, un Gobierno democrático escoge el derecho, sabiendo que puede perder. Uno recurrió a la fuerza porque no tenía razones que ofrecer a su pueblo. El otro ofrece razones porque entiende que la fuerza no resuelve nada.

Desde esta columna hemos sostenido que, en las guerras, más allá de vencedores y derrotados, todos pierden. Por ello, en un mundo donde la fuerza vuelve a presentarse como argumento para redibujar fronteras, escuchar a un Gobierno decir “vamos a un tribunal” y no “vamos a la guerra” es una buena noticia.

Un poderoso mensaje de civilidad, que tanta falta le hace al mundo en estos días. (O)