El Ayuntamiento madrileño de Galapagar (37.000 habitantes), gobernado por una coalición de PP y Vox, ha aprobado un proyecto para que promotores privados construyan 652 viviendas en un paraje natural del municipio. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones y denuncia que para construir las viviendas será necesario talar unos 1.000 árboles y enterrar definitivamente un yacimiento arqueológico de la antigua fábrica de porcelana ‘La China’. Un partido de la oposición, Por Galapagar (Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa), denuncia que se va a levantar una urbanización de lujo en el centro de la localidad que no va a “fijar población galapagueña en el pueblo, sino que va a provocar el éxodo de nuestros jóvenes a otros municipios”.
La modificación puntual de Los Altos de la Navata fue aprobada por el Pleno de Galapagar el pasado 25 de junio, un proyecto que además ha sido reconocido por el Gobierno regional con la Declaración de Especial Relevancia, un instrumento urbanístico excepcional que permite a la Comunidad de Madrid autorizar proyectos en suelo no urbanizable (suelo rústico o protegido) que, en condiciones normales, no podrían construirse allí. Se trata de 36,5 hectáreas en poder de una treintena de propietarios, aunque solo dos poseen el 68% de los terrenos: las inmobiliarias Alexia Desarrollos (propietaria de 158.688 metros cuadrados) e IKASA Actividad de Promoción Inmobiliaria (propietaria de otros 79.314 metros cuadrados). “El Ayuntamiento ha aprobado un proyecto sin modificarlo elaborado por las empresas que tienen la propiedad del 68% de las 36,5 hectáreas que se pretenden urbanizar, sometiendo el interés general y la defensa del medio rural y natural a los intereses de lucro de esos propietarios”, asegura Adolfo Rodríguez, portavoz de Ecologistas en Acción.
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La organización ecologista explica que esa zona está clasificada como “suelo no urbanizable común” y que se trata de una dehesa en muy buen estado de conservación que está en un terreno forestal con otras figuras de protección al estar reconocidos en ella dos ‘Hábitats de Interés Comunitario’. Es también una zona que linda con el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama y la Red Natura 2000. Una zona en la que además se ubica el yacimiento arqueológico “La China”, a la vez que se pretende derribar el muro perimetral construido en mampostería de “piedra seca”. De aquí se extraía la loza que se utilizó en la antigua fábrica de porcelana del Buen Retiro financiada por Carlos III en el siglo XVIII.
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El objetivo es transformar este suelo en urbanizable y construir 652 viviendas: 452 de ellas en altura y 200 como unifamiliares (aisladas, pareadas, adosadas o en conjuntos autónomos). De las casas en bloques se plantea que 298 tengan algún tipo de protección. También se destinarán 21.025 metros cuadrados para “actividades económicas y comerciales” y un equipamiento público genérico también sin determinar, “lo que supondría la destrucción y el sellado de esos suelos, la eliminación de más de 1.000 árboles maduros, un impacto crítico en el paisaje al estar en un alto, incrementar los problemas de tráfico en la zona y afectar al comercio de proximidad”, denuncian los ecologistas.
Según Ecologistas en Acción, se trata de un nuevo intento de urbanizar esos suelos de gran valor ambiental y paisajístico, lo que sucesivos equipos de gobierno vienen pretendiendo desde hace dos decenios. Y afirman que la normativa urbanística vigente (1988) se dictó para evitar transformar esta zona en tipologías edificatorias no adecuadas y provocar un notable decremento de la calidad ambiental. “Y todo ello sin justificar el interés social de una propuesta tan lesiva, sin acreditar la existencia de un verdadero interés público”, afirma Rodríguez.
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Los ediles Maribel Ramírez y José Luis Sánchez, de Por Galapagar, recalcan que ya en el año 2012 el PP intentó impulsar “el desarrollo de un pueblo dentro de Galapagar con 652 viviendas, un colegio privado, un centro comercial y un club social para actividades deportivas privadas. Catorce años después, el proyecto está preparado de nuevo para iniciarse y tienen que cumplirse los últimos procesos administrativos. Se espera que en 2027 empiece la tala y destrucción de 36 hectáreas de terreno para construir una urbanización de lujo en el centro del municipio. Entonces se vendía que iba a crear 3.500 puestos de trabajo y 100 millones de euros de inversión; ahora han bajado las expectativas a 25 millones de euros y no se espera que se creen puestos de trabajo superiores al tiempo estimado de la construcción de las casas”.
El proyecto incluye Viviendas de Protección Pública (VPP), que pueden alcanzar un precio de 280.109 euros por un apartamento de 85 metros cuadrados, de acuerdo a la normativa de la Comunidad de Madrid. Inmuebles que, además, no están destinados a personas empadronadas en el municipio y a la que podría acceder una persona con una renta individual de hasta 78.750 euros brutos al año. “¿Cuántas personas jóvenes de Galapagar o de los sectores con dificultades económicas para acceder a una vivienda podrían comprar una VPPL de 85 metros a ese precio?“, se preguntan desde los ecologistas.
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“Este proyecto no pretende fijar población galapagueña en el pueblo, no va a generar empleo ni estable ni de calidad y los únicos beneficiados son los fondos buitre que ven en la vivienda de lujo un activo seguro y de gran beneficio personal”, aseguran los ediles de Por Galapagar. En cuanto a las viviendas libres, las no protegidas, “están pensadas para familias de alto poder adquisitivo. Son inmuebles que pueden superar el millón de euros y el propio proyecto está diseñado para que el Ayuntamiento de Galapagar asuma una gran zona ajardinada y con equipamientos que aumenten el valor de la vivienda nueva frente a la vivienda histórica de la zona, que se va a ver depreciada”.
Por último, Ecologistas advierte de que la urbanización de este suelo no urbanizable, de esta dehesa, implicaría además la destrucción de la mayoría de su arbolado, sotobosque y pastizales, “unos 1.000 árboles”. Un portavoz del Ayuntamiento explica a ‘Infobae’ que el “Consistorio cumple escrupulosamente la ley y, si se talan árboles, serán correspondientemente repuestos, tal y como establece la normativa”. Adolfo Rodríguez responde: “Cómo si eso pudiera compensar la destrucción de una dehesa madura. Los ejemplares maduros de encinas y enebros, que tienen raíces profundas y adaptadas al sustrato granítico, difícilmente sobrevivirían al trasplante y tendrían una mortalidad superior al 85%”.
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El proyecto no cuantifica el número de árboles que se trasplantarían, pues se deja ese aspecto para la fase de obras. Aunque sí se cita un informe ambiental de la Comunidad de Madrid de 28 de agosto de 2014, en el que se decía que serían eliminados o trasplantados unos 845 árboles, el 67% de los 1.269 árboles que se inventariaron hace doce años. Ecologistas en Acción recuerda que la normativa exigiría reforestar en compensación de unos 548.796 metros cuadrados (en torno a 54,8 hectáreas). También denuncia que en el Documento Ambiental Estratégico de la modificación puntual no se contemplan de manera adecuada las afecciones que tendría la línea de alta tensión de 400.000 voltios que atraviesa el ámbito ni la franja de protección de la misma y los usos en ella.
En una nota oficial, el Ayuntamiento, gobernado por la alcaldesa popular Carla Greciano, asegura que este proyecto “creará oportunidades para las próximas generaciones, reforzará los servicios públicos, protegerá el entorno natural y seguirá creando un municipio pensado para las familias”. También recalca que se construirán 100 viviendas menos que las propuestas planteadas en anteriores legislaturas, “exactamente en la anterior propuesta del PSOE de Galapagar”, y que se diseñará un parque forestal público de más de 40.000 metros cuadrados. Los socialistas gobernaron en la legislatura 2019-2023.
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