16 de julio, 2026 - 07h00

Ocurrió. Ahora me pasó a mí, a mí que soy persona ordenada, cumplidora, que maneja sus obligaciones ciudadanas con precisión y toma todos los cuidados que exige la convivencia de hoy. La abominable palabra me cae sobre la cabeza y me identifica. Todo empezó con un desconocido “John” que me escribió una noche para preguntarme si yo estaba solicitando “portabilidad” de mi línea de celular, cosa que ni se me había pasado por la cabeza. Me mostró una copia de mi cédula que tenía errores. Lo dejé pasar.

Doce días después, los correspondientes e-mails me informan que en una agencia muy distante de mi barrio, alguien con esa copia había conseguido una segunda versión de mi tarjeta de débito y había extraído dinero de mi cuenta por bancomático. Volé a mi banco y constaté todos los movimientos que yo no había hecho. Las dos horas en la fiscalía me arrojaron a la triste experiencia de tramitar cualquier cosa en esta ciudad: la exagerada espera, la desinformación del policía de la puerta, la grosería de la funcionaria que, cuando llegué a su escritorio, se levantó y dijo que había cumplido su turno (defendiendo las largas conversaciones con los denunciantes, porque ella hacía “atención psicológica”); quien salvó mi desesperado trámite fue la segunda funcionaria que se quedó.

Las conversaciones con empleados de las dos plataformas telefónicas participantes en el embrollo fueron de antología: una me quería hacer pagar un bono por exigir que me den de baja como usuaria de un servicio que jamás había pedido; la otra, a la que estoy ligada desde hace 20 años, no podía volverme a acoger porque carecía del documento que certificara que ya no tengo relación con la ajena. Esta me dijo que un call-center de Ambato había solicitado la dichosa portabilidad.

Resultado de esta pillería digital, estoy perjudicada en falsificación de documento, robo de dinero, paralización de mi servicio telefónico y bancario. Todo esto ¿por qué? Simplemente porque soy ciudadana de estos tiempos y he creído gozar de las facilidades que permiten los adelantos tecnológicos. No represento una habitante de gran actividad económica, mis documentos personales no se mueven por muchas instancias, no expongo mi persona a lo largo de numerosos escenarios públicos. Entiendo que el azar interviene en esto, sin descuidar que ojos curiosos provenientes de mostradores, ventanillas o mesas de servicio nos escrutan para elegir al que sea más accesible, “robable”.

Naturalmente, estas formas de engaño y hurto son sofisticadas y exigen habilidades que no tiene el ladronzuelo de motocicleta que arrancha una cartera o amenaza al transeúnte de veredas: aquí hay siquiera un bachillerato que introdujo al estudiante en las clases de “computación”, materia por las que desaparecieron Moral y Cívica, Lógica y Ética, y demás, cuya validez se discute hoy, zarandeados por la avidez del dinero fácil o del que no provenga del esfuerzo honesto. Integro también en este análisis la falta de trabajo y abandono del pobre de parte de los gobernantes. No me consuela que “esto pase en todo el mundo”, porque tengo derecho a que me protejan las instituciones que contrato. Esas me han fallado. (O)