La política migratoria de la administración del presidente Donald Trump acaba de dar un paso que podría marcar el futuro de la detención de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente en estados con alta presencia latina como California, Texas, Arizona y Florida, donde día a día familias hispanas siguen de cerca cualquier cambio que pueda afectar su estatus migratorio o el de sus seres queridos. En esta ocasión no se trata de la apertura de un nuevo centro ni de un aumento en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el movimiento va por otro lado y apunta a hacer más permanente la infraestructura de detención: el gobierno federal comenzó a comprar directamente instalaciones donde permanecerán las personas detenidas, un giro que preocupa a comunidades latinas, abogados y organizaciones que acompañan a indocumentados desde Los Ángeles hasta el Valle Central, pasando por barrios con fuerte presencia hispana como Boyle Heights, Santa Ana o National City.
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