La incidencia en el desarrollo social y económico de los conglomerados urbanos, como el Gran La Plata, de los servicios de distribución de electricidad y agua es indiscutible. En buena parte, son determinantes de la calidad de vida de los habitantes, como han podido tomar conciencia desde hace décadas los habitantes de la Región ante los perjuicios que les causan las deficiencias de ambas prestaciones. Sin embargo, los usuarios nunca han tenido poder sobre las compañías estatales o privadas a cargo de esas funciones. Durante muchos años sufrieron indefensos las vicisitudes a las que fueron sometidos por la empresa estatal de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) cuyas deficiencias en las prestaciones causaron graves perjuicios económicos. La ansiada, por muchos, privatización de ese servicio no produjo los resultados que se esperaban. Los problemas eran tan graves que cuando el diario convocó a una gran asamblea, que debió realizarse en la sala de un cine, decenas de representantes de los más diversos sectores económicos y sociales manifestaron su voluntad de invertir para crear una empresa en la cual los platenses tuvieran poder de decisión.
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