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Es evidente que la accesibilidad de los ciudadanos a la vivienda es un problema grave, con unos precios subiendo a dos dígitos y una enorme escasez de oferta, especialmente en el mercado del alquiler. Pero esto no puede justificar el “todo vale” en política de vivienda. Las consecuencias de la inacción de los poderes públicos durante muchos años no pueden resolverse de un plumazo a base de ocurrencias de dudosa legalidad y efectos contraproducentes. Ya hace unos meses les hablé de mis enormes dudas sobre la prohibición de las llamadas “compras especulativas de vivienda”. Recuerdo que, como no entendía ni la economía de la medida ni el encaje en el ordenamiento jurídico, fui a una tertulia con Pablo Feu, promotor de la medida, para ver si se me estaba escapando algo. La breve parte económica de la charla mostró que el ponente tenía evidentes lagunas en su conocimiento del sistema hipotecario, aunque hay que reconocer que él mismo señaló que de economía no sabía mucho. Y cuando llegó la parte legal todo lo que había estudiado en derecho constitucional parecía que hubiera quedado desfasado: con una modificación de una normativa urbanística se pretendía limitar un elemento esencial de un derecho fundamental. ...